19 de abril de 2024

Ley Ómnibus: mineras y empresas del agronegocio van por los glaciares y las semillas

Organizaciones ambientales, sociales y personalidades como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel denuncian el lobby de las mineras transnacionales en favor de la reforma de la Ley de Glaciares, incluida en el proyecto de Ley Ómnibus. En tanto, la filósofa india Vandana Shiva, referente mundial en el estudio de las condiciones de vida campesina ante…

Organizaciones ambientales, sociales y personalidades como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel denuncian el lobby de las mineras transnacionales en favor de la reforma de la Ley de Glaciares, incluida en el proyecto de Ley Ómnibus. En tanto, la filósofa india Vandana Shiva, referente mundial en el estudio de las condiciones de vida campesina ante el avance de la propiedad intelectual, pidió a los legisladores nacionales que rechacen la aprobación del Convenio UPOV 91, que también es parte del proyecto de ley y que significa un paso más en la privatización de las semillas.

Más de 280 organizaciones, entre las que figuran Amnistía Internacional, Greenpeace, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Multisectorial Humedales, la Campaña Fuera Mekorot, la Asamblea No a la Mina Esquel y las Defensoras del Agua del Famatina, entre otras, firmaron una misiva que alerta sobre la presión de las multinacionales mineras para que se apruebe la reforma a la Ley de Glaciares contenida en la Ley Ómnibus. “Si las regresiones a la Ley de Glaciares son aprobadas, será porque los poderes provinciales y diputados nacionales han cedido ante el lobby de las grandes mineras”, afirman las organizaciones. Y sostienen: “No hay otra explicación posible para ir en contra de la vida y salud de la población y de las aguas de nuestro territorio”.

El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso incluye una reforma regresiva de la Ley de Glaciares que, de aprobarse, permitirá la actividad minera en el ambiente periglacial, lo que actualmente está expresamente prohibido. “Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero”, señalan las asambleas. 

“La Ley de Glaciares es una pieza fundamental de legislación ambiental que busca preservar uno de los ecosistemas fundamentales para la vida y trabajo de nuestra población”, argumentan. E indican que el lobby empresarial “evidencia la influencia desproporcionada que las grandes corporaciones mineras tienen sobre nuestra democracia, específicamente sobre los gobiernos provinciales y el Congreso Nacional”. 

Mientras la Cámara de Diputados se encamina a discutir el articulado del proyecto de Ley Ómnibus, las organizaciones advierten: “La mirada de todo el país, la memoria popular y la historia política observan de cerca lo que sucede en este momento crucial”. 

Vandana Shiva, reconocida activista en la denuncia a las corporaciones del agronegocio – Foto: AFP

La amenaza de UPOV 91 para la agricultura

“Las semillas son un bien de la naturaleza, no una mercancía de las corporaciones”, define Vandana Shiva en la carta enviada a los legisladores nacionales. La reconocida intelectual, autora de libros como “Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento” y “¿Proteger o expoliar? Los derechos de propiedad intelectual”, denuncia que el convenio internacional UPOV 91, al que plantea adherir la Ley Ómnibus, fue “generada por el Cartel del Veneno compuesto por empresas como Bayer/Monsanto, Corteva y Syngenta”. Este convenio profundiza los alcances del derecho intelectual de quienes realizan alguna modificación biológica en las semillas, obligando a quienes las utilizan a pagar regalías por ellas.

La carta de Shiva, publicada en Argentina por la organización Cronopias en el marco de la campaña «#Semillazo«, puntualiza que “UPOV 91 es el mecanismo que el Cartel del Veneno utiliza para apropiarse de las semillas, que son un bien de la naturaleza a disposición de toda la humanidad (…) Cuando hablamos de uso propio de las semillas estamos hablando de un derecho humano irrenunciable que tiene su fuente en el derecho natural y en la democracia de la tierra”.

Denuncia que ese convenio internacional “legitima el secuestro de variedades nativas y criollas de semillas y favorece la imposición de las variedades comerciales uniformes de las corporaciones del agronegocio”. Y detalla que esto redunda en la pérdida de la soberanía alimentaria y en una profundización de la degradación de la diversidad genética agrícola, que viene sucediendo desde hace 30 años a partir de la implementación de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

“Ninguna corporación tiene derecho a ser dueña de otras especies, de otras personas o de los conocimientos de otras culturas por medio de patentes y otros derechos de propiedad intelectual”, afirma Vandana Shiva.

Calificó la aprobación del Convenio UPOV 91 mediante la ley ómnibus como una trampa: “Primero, porque el Convenio es un tratado internacional y es obligación de los Estados cumplirlo de buena fe. Segundo, porque en la versión 1991 del Convenio UPOV, el cercenamiento del uso propio de las semillas es un punto que no puede exceptuarse bajo ningún modo ya que dicho instrumento es taxativo al establecer que ‘no se admitirá ninguna reserva al presente Convenio’, lo que muestra el carácter antidemocrático y de máxima imposición de UPOV”.

Otra gran preocupación mencionada por Shiva son las facultades delegadas, un aspecto que también está en debate. “Bajo la base de la delegación ‘promover la reactivación productiva’ bastaría al Poder Ejecutivo Nacional dictar un decreto delegado para realizar una simple modificación de dos artículos de la ley de patentes, y con ello implementar dicho régimen sobre las semillas”, indica.

Advierte que el sistema de patentes contempla un régimen penal que ya fue utilizado en otros países por las corporaciones del agronegocio para criminalizar y perseguir a quienes trabajan la tierra, por la simple posesión de semillas privatizadas o de las resultantes de multiplicaciones propias pero contaminadas por las variedades modificadas genéticamente. “Esto exhibe y adelanta el escenario de injusticias al que podrían ser sometidos los agricultores y agricultoras en la Argentina por llevar adelante un acto inherente a la agricultura como es guardar, resembrar e intercambiar semillas”, alerta.

La Cámara de Diputados decidirá sí Argentina adhiere al Convenio UPOV 91 (la decisión final quedará en Senadores)

Un convenio inconstitucional

La carta de Vandana Shiva expresa que la incorporación de UPOV 91 al régimen jurídico argentino representa tres violaciones de preceptos constitucionales, entre ellos:

  • Violación del artículo 28 de la Constitución Nacional por representar una reglamentación irrazonable del derecho humano al uso propio de las semillas, al limitarlo ostensiblemente a tal punto de extinguirlo.
  • Violación del principio constitucional de progresividad contenido en tratados internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional en la Argentina. Ese principio contiene un sub-principio de no regresividad, que implica que en el caso de que el ejercicio de un derecho haya alcanzado un nivel determinado en cuanto a su contenido de protección y praxis, cualquier restricción basada en una norma que menoscabe ese contenido y socave su praxis, deviene inconstitucional.
  • Violación por no cumplimiento del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios de Argentina. El Convenio UPOV 91 reglamenta irrazonablemente una práctica milenaria que precisamente se relaciona con un obrar ancestral de la agricultura de las comunidades originarias, por lo tanto el cumplimiento de la consulta previa del Convenio 169 OIT es ineludible como cuestionable que se haya omitido.

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