28 de febrero de 2024

La CGT, las dos CTA, movimientos sociales y el CELS denuncian a Bullrich ante la ONU y la CIDH por multar las protestas

Luego de que la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, intimara a sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos, a pagar sus millonarios operativos producto de la aplicación de su «protocolo para el mantenimiento del orden público«, que falló en todas las movilizaciones en las que se aplicó, la CGT, las dos CTA, movimientos…

Luego de que la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, intimara a sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos, a pagar sus millonarios operativos producto de la aplicación de su «protocolo para el mantenimiento del orden público«, que falló en todas las movilizaciones en las que se aplicó, la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hicieron una presentación ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que hay «intenciones del Estado argentino de perseguir, castigar, disciplinar y desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta», al pretender hacer pagar operativos que constituyen un deber estatal. Por ANRed.

La presentación se da luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intimara a una amplio marco de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos a pagar los millonarios operativos que desplegó – y que ninguna organización solicitó -, durante la masiva protesta del 27 de diciembre del año pasado frente a los Tribunales en Plaza Lavalle, donde presentaron un amparo contra el DNU 70/2023 de Javier Milei. Una intimación que llegó firmada por el secretario de la Coordinación Administrativa del Ministerio, Martín Siracusa, un economista de confianza de Bullrich.

En la presentación realizada ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la CGT, las dos CTA, las organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera que la multas por movilizar demuestran las «intenciones del Estado argentino de perseguir, castigar, disciplinar y desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta mediante el cobro de gastos millonarios para cubrir operativos de seguridad de las protestas sociales».

Asimismo, señalan: «la decisión de trasladar los gastos operativos de la seguridad a los manifestantes, ya sean individuales o agrupados dentro de organizaciones sociales o sindicales, implica que el Estado se desentiende por completo de sus obligaciones (incluso internacionales) de proveer seguridad al pueblo».

A medidados de diciembre ya el relator especial de la ONU para la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletsossi Voule, tuiteó que estaba recibiendo informes alarmantes sobre lo que sucedía en la Argentina: «estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales».

Las cartas documento intimando a pagar los operativos llegaron a pocos días del paro general del 24 de enero convocado por la CGT, las dos CTA y una multiplicidad de organizaciones sociales y políticas que se plegarán, movilizando al Congreso para exigile a los y las legisladoras que rechacen el DNU 70/2023 y no voten la Ley Ómnibus que envió Milei al recinto.

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