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Europa sancionó una ley contra la «deforestación importada»

Por Hernán Giardini*

Tras más de dos años de discusión y con el impulso de organizaciones ecologistas, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una ley que buscará cerrarle la puerta a la importación de productos que procedan de zonas recientemente deforestadas. Según la FAO, el consumo de la Unión Europea (UE) representa el diez por ciento de la deforestación mundial. El aceite de palma y la soja constituyen más de dos tercios de esta cifra.

Aunque no se vetará a ningún país ni materia prima, las empresas solo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos ha emitido una declaración de «diligencia debida». Esta deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.

Las empresas también tendrán que demostrar que estos productos cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluida la relativa a los derechos humanos, y que se han respetado los derechos de los pueblos indígenas.

Esta norma contra la “deforestación importada” implica que en el mediano plazo no podrán ingresar a Europa productos realizados en desmontes posteriores a 2020 (ya sean legales o ilegales) tales como ganado, soja, madera, cacao, café, palma, caucho, carbón y papel. La Ley también incluye a los derivados de estos productos, como chocolates o muebles.

Las autoridades competentes de la UE deberán tener acceso a información (como las coordenadas de geolocalización) y realizarán controles con ayuda de herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos.

Las sanciones por incumplimiento deberán ser proporcionadas y disuasorias. Las multas podrán ser de hasta el cuatro por ciento del volumen de negocios anual total en la UE. La nueva ley fue aprobada en abril pasado por 552 votos a favor, 44 votos en contra y 43 abstenciones.

Además de no generar deforestación, los productores deberán respetar las leyes locales, los derechos humanos y los derechos indígenas. Si se descubre que no se cumplen estos puntos, las empresas perderán posibilidad de exportar sus productos a Europa.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, un comité de la Unión Europea clasificará a los países, o a partes de ellos, como de bajo, medio o alto riesgo mediante una evaluación en un plazo de 18 meses. Esto implica que cuanto mayor sea el riesgo deforestación mayor será el control sobre las empresas para exportar a Europa.

Si bien el texto incluye tanto a bosques primarios como secundarios, no se logró que se incluyeran a los humedales. Básicamente autoridades de la Unión Europea controlarán que las empresas que pretendan venderles sus productos, no provoquen deforestación. Esto no es poco.

La nueva ley europea es un paso muy importante, pero llevará tiempo su correcta implementación. Por otra parte, las exportaciones de soja y ganadería de Sudamérica a China y otros países de Asia seguirán provocando deforestación. 

Foto: Martín Katz / Greenpeace

En Argentina ya se perdieron siete millones de hectáreas de bosque nativo

Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables: alimentos, maderas y medicinas. Son territorio y sustento de indígenas y campesinos. Y cumplen un rol clave en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos. La deforestación provoca cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos y desaparición de especies. Es un ecocidio que debe terminar urgentemente.

Entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en Argentina fue de siete millones de hectáreas, una superficie similar a la provincia de Formosa. Las principales causas de la pérdida de bosques son los desmontes para ganadería intensiva y soja (que mayormente se exportan a Asia y Europa). Aproximadamente el 80 por ciento de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica. 

Muchas de las familias indígenas y campesinas del Gran Chaco no han obtenido la titularización de las tierras en las que habitan. En las últimas tres décadas, con el avance del agronegocio, aumentaron los conflictos con los empresarios que compran esas fincas. Son cada vez más frecuentes los desalojos y el asesinato de campesinos e indígenas por parte de la policía o de guardias armadas contratadas por los empresarios.

La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. Si bien desde el 2014 se evidencia una disminución de la deforestación (comparado a antes de implementación de la normativa), aún la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. 

Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios. Si destruir bosques es un crimen, penalizar su destrucción resulta una herramienta necesaria para complementar las barreras a la “deforestación importada” que Europa está por implementar.

*Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Periodista (Radio Autónoma Piuke). Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. 

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