24 de mayo de 2024

Derechos Indígenas: gobiernos nuevos, negacionistas viejos 

OPINIÓN Por Sullka Wara Quinteros (*) El actual diputado por Buenos Aires y presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, presentó un proyecto de ley de “Derogación de la prórroga de entrega de tierras a comunidades indígenas y nulidad de lo actuado” con el que busca derogar la Ley 26.160 de Emergencia en…

OPINIÓN

Por Sullka Wara Quinteros (*)

El actual diputado por Buenos Aires y presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, presentó un proyecto de ley de “Derogación de la prórroga de entrega de tierras a comunidades indígenas y nulidad de lo actuado” con el que busca derogar la Ley 26.160 de Emergencia en materia de Pueblos Originarios e incorporar un artículo a la Ley 23.302 sobre Política Indígena para modificar algunas de las competencias y facultades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). ¿Qué implicancias tiene en términos materiales y simbólicos para las comunidades indígenas esta propuesta en este contexto?

Es necesario comenzar remarcando que el título del proyecto de ley no es ingenuo, sino más bien disparador de un sentido común, ya que Ley 26.160 no es una ley que tiene como objetivo “entregar” las tierras a los y las indígenas. Esto genera condiciones de posibilidad para distintas interpretaciones discursivas, con el riesgo de profundizar los discursos racistas, desviar la mirada sobre lo que realmente sucede en la vida de los pueblos indígenas (con cada vez menos posibilidades de ejercer nuestros derechos) y, en definitiva, corren el eje del debate sobre la importancia y la falta de cumplimiento de ciertos derechos como la propiedad comunitaria y la participación de los pueblos indígenas en la agenda política del Estado. 

Más allá de la dudosa técnica legislativa empleada en esta propuesta (su redacción es confusa y además dispone la retroactividad cuando la regla es la no retroactividad de las leyes), queremos analizar algunos puntos claves en relación al impacto de ciertas medidas y acciones que se vienen llevando a cabo en este contexto, y a la vez desempolvar viejos debates saldados y consensos establecidos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, que, ante esta situación, cobra nuevamente importancia.

Para eso, vamos a hacer una reconstrucción cronológica desde que asumió el gobierno de Javier Milei, con hechos y medidas dispuestas relacionadas a los pueblos indígenas. Esto nos permite entender este proyecto dentro de un determinado contexto, mirando sucesos nacionales y provinciales. Luego, vamos a traer algunos debates en relación a los derechos reconocidos de los pueblos indígenas, para seguir diciendo que el Estado se encuentra aún en mora en relación al cumplimiento de ellos. Por último, vamos a poner el foco en la importancia de la participación de los pueblos indígenas en la definición de la agenda política del Estado. 

Foto: Télam

Crónica de un negacionismo anunciado

El proyecto del diputado Pichetto no es una propuesta aislada, existe una cronología de sucesos que nos permite exponer el sistemático plan de negación hacia nosotres, los pueblos indígenas. Hechos ocurridos a nivel nacional, en la provincia de Tucumán —donde gobierna Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista)— y en Jujuy, que dan cuenta de que existe una agenda política definida para los pueblos indígenas: profundizar su negación sistemática. 

  • 26 de enero. Tucumán. El decreto 37/2024, publicado en el Boletín Oficial establece que Javier Miguel Critto, es el nuevo director del Archivo Histórico de la Provincia, con la máxima categoría de la administración pública y un adicional salarial del 100 por ciento dispuesto por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, invocando el decreto acuerdo N° 39/1-99. Critto es uno de los terratenientes con mayores denuncias por parte de las comunidades indígenas. 
  • 7 de abril. Parque Los Andes, Ciudad de Buenos Aires. Amanece vandalizado el Monumento del Malón de la Paz. En ese lugar descansaron nuestros ancestros del primer Malón de la Paz en 1946.

Foto : Presidencia

Esta cronología nos permite dar un ejemplo de la definición de la política planificada desde las oficinas estatales de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, retrotrayéndose a las viejas políticas de exterminio y asimilacionismo cultural. 

Sobre la ley 26.160 y el  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

El INAI como órgano del Estado surgió para regular en materia indígena, pero si bien sus competencias fueron definidas en la Ley 23.302, de 1985, su articulado nació con las fallas de las políticas de sesgo de negación de las culturas indígenas. Con ese enfoque, fue interpretada e implementada a la luz del desarrollo normativo sobre el contenido y alcance de los derechos humanos de los pueblos indígenas incorporados a la constitución nacional en la reforma de 1994. 

Por eso, la Ley 26.160, sancionada en 2006, ordenó un relevamiento jurídico, técnico y catastral que permita identificar los territorios que poseen las comunidades indígenas en Argentina. Por lo tanto, este proceso solo se limita a relevar e identificar esos territorios que las comunidades indígenas, de manera actual, tradicional y pública ocupan. 

Este proceso de relevamiento da como resultado una carpeta técnica, que permite identificar no solo el territorio que es sujeto de esa posesión actual, tradicional y pública por parte de las comunidades indígenas, sino también el recorrido histórico de esa comunidad en esos territorios. 

El monumento al Primer Malón de la Paz vandalizado en el Parque Los Andes. Foto: Resumen Latinoamericano.

La Ley 26.160 no otorga título de propiedad, no es su propósito, sin perjuicio de que, además, tampoco se finalizó con el proceso de relevamiento de todas las comunidades indígenas de nuestro país. A casi veinte años de la sanción de la norma, según datos del INAI, se encuentra relevado el 78 por ciento del territorio de las comunidades indígenas.

Estas leyes no cumplieron con las demandas del movimiento indígena en términos de derechos ni con las obligaciones del Estado en esa línea, en el sentido de proceder a la titulación y regulación de la propiedad comunitaria indígena. En ese marco, proponer su derogación o incorporar modificaciones que impacten en el reconocimiento y acceso a derechos, profundiza una situación de desigualdad y discriminación ante los pequeños y únicos avances que dió nuestro país. 

Además, hay un tema central que trae la propuesta expuesta por el proyecto de ley presentado por Pichetto y que nos parece importante resaltar: el debate sobre la personería  jurídica. No es un punto menor porque se cruza y tiene que ver con nuestra identidad cultural como pueblos, con nuestra autodeterminación y autonomía. El Estado no puede decir y decidir quién es indígena y quién no, en qué momentos, cómo y cuánto serlo. Si bien en términos materiales esto sucede, la finalidad del reconocimiento de derechos, en relación a la personería jurídica, es declarativa y no constitutiva de derechos, porque sino atentaría con el reconocimiento de la preexistencia y a la vez con nuestra identidad cultural.  

Contra los discursos negacionistas, participación política de las comunidades indígenas

El Estado en su conjunto —más allá de los gobiernos de turno y el tiempo transcurrido— tiene obligaciones específicas en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y, en estos términos, sigue en deuda. Especialmente, en relación a los derechos territoriales. Entonces, no es casual que surjan propuestas como las de Pichetto en tiempos en los que vuelven a instalar discursos racistas que niegan y retrasan aún más el acceso a nuestros derechos. 

Las comunidades indígenas hemos aprendido a vivir con saberes que, hoy en el sistema occidental, se consideran dentro de las categorías de autogobierno y “autodeterminación” de los pueblos. Estos saberes han sido puestos en cuestión, socavados y desordenados durante los históricos procesos que se encuentran bajo la lupa de este negacionismo expuesto. Sin embargo, continúan persistiendo. 

Al igual que las generaciones más nuevas que convivimos en el mundo occidental, los pueblos indígenas hemos impulsado un reconocimiento dentro del sistema de derecho que instalaron los estados modernos, de ello da cuenta el marco de estándares internacionales que regulan la vida material en los territorios. Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas. 

Foto: Nicolás Pousthomis

Al igual que la lucha por el reconocimiento dentro de los derechos humanos, su implementación y aplicación es lo que nos ocupa y preocupa en nuestros territorios, y en estos tiempos. El contexto actual, nos convoca a volver a insistir en todos estos tratados que vienen legitimando y valorándose por distintas organizaciones estatales y sociales. 

Este contexto que permite volver a ponernos como enemigos internos es lo que posibilita la iniciativa de Pichetto. Los indígenas no solo tenemos una ley de “entrega de tierras” sino que luchamos todos los días por validar que aquí vivimos, aquí seguimos, que pertenecemos a este lugar. Todo el tiempo estamos validando nuestra existencia, y cada vez que lo hacemos tenemos que dar cuenta de que es digna, debemos demostrar que dignificamos.

Se debe tener la guardia alta, más que nunca tenemos que estar alertas. La fiebre del oro, del siglo XV, ahora es fiebre del litio y se lleva puestos los derechos de los pueblos indígenas. Pero nuestras vidas siempre se vieron comprometidas no sólo individual sino colectivamente, no sólo presente sino hacia el futuro, y no sólo en cuerpo e integridad física sino también en nuestra espiritualidad, en nuestra cultura, en nuestra posteridad para las generaciones venideras.

La alarma que despierta Pichetto con su proyecto de ley y, en especial, con ese título mal intencionado, lo que provoca una oleada de violencia sobre nosotres. Es, además, una alarma en la que los pueblos, de nuevo, deben responder señalando que las acciones estatales están siendo observadas desde sus territorios, desde su vida tan ajena a la lógica occidental del Estado Moderno. Pone sobre la mesa y en las agendas, cuál es la participación política de las comunidades indígenas. Los pueblos deben tener un espacio, de lo contrario, seguiremos en la disputa de buscar por espacios adyacentes para ser escuchades. 

(*) Coordinadora del área de Derechos de los Pueblos Indígenas de ANDHES Oficina Tucumán. Comunera – Comunidad Indígena Amaicha del Valle – Pueblo Diaguita

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