Crisis en Perú: 56 muertos en 50 días y un Gobierno que no escucha

Por Renzo Anselmo, especial de Servindi para Tierra Viva

Desde Perú

Pasó un mes y medio desde que la crisis en Perú volvió a estallar tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción a la presidencia de Dina Boluarte. Desde entonces, 56 personas fallecieron por hechos vinculados a las protestas que exigen la renuncia de la mandataria y el adelanto de elecciones generales para 2023. El Congreso avanza en una reforma para que los comicios sean en 2024, desoyendo lo que claman las calles, sobre todo del sur peruano.

Nuevo estallido

Las protestas en Perú estallaron el 7 de diciembre, día en que el entonces presidente Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización de todo el sistema de justicia. La decisión de Castillo, adoptada horas antes de que el Congreso vote la tercera propuesta de vacancia en su contra, fue denunciada como un golpe de Estado pues infringía la Constitución. El Congreso aprobó su vacancia, Castillo fue detenido y apresado de manera preventiva. La vicepresidenta Dina Boluarte juró al cargo como nueva presidenta interina.

Al inicio de su mandato como presidenta, Boluarte tuvo un discurso mesurado y llamó a todos los actores políticos a darse una “tregua” para enrumbar al país de forma democrática hasta julio de 2026. Sin embargo, manifestantes empezaron a exigir en las calles el adelanto de elecciones, pues consideraban que la mandataria no los representaba y había traicionado su promesa de irse junto a Castillo si este era destituido. Las movilizaciones pedían además el cierre del Congreso, que cuenta con un nivel de desaprobación del 88 por ciento de la población, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

La situación llevó a la Presidenta a declarar el estado de emergencia en regiones donde las protestas eran más notorias, sobre todo del sur peruano, permitiendo el despliegue de militares. La titular del Ejecutivo justificó la medida argumentando la necesidad de hacerle frente a la violencia que algunas personas cometían en medio de las protestas, incendiando instituciones públicas y saqueando comercios. Esto desencadenó la muerte de 27 personas, entre el 11 y 21 de diciembre. La indignación creció y tras el cese de las protestas por las fiestas de fin de año, estas retomaron con más fuerza el 4 de enero de 2023.

Perú en crisis y dos modelos en pugna

En la nota «El embrollo peruano», publicada en Servindi, la periodista María Sosa Mendoza señala que Perú atraviesa una gran polarización política y social: «En el país se establecieron dos coaliciones enfrentadas: una coalición proestablishment y otra antiestablishment». Y, citando al politólogo Carlos Meléndez, explica que «la primera se encuentra conformada por las bancadas parlamentarias de derecha y centroderecha, las fuerzas de seguridad, los grandes empresarios, los medios de comunicación tradicionales y las clases altas y medias limeñas»; y «en la segunda se encuentran los diferentes grupos de izquierda, la población rural perteneciente a los sectores socioeconómicos más bajos y el heterogéneo mundo de la informalidad». En el último tiempo, se lee en el artículo, al núcleo duro de apoyo a Pedro Castillo se sumaron diversos actores con demandas específicas ligadas a la minería, los derechos laborales, el cuidado ambiental y los servicios básicos.

Puno, una de las zonas más afectadas por la represión de la Policía Nacional del Perú, se encuentra al sur del país. Esa región contiene la mayor reserva de litio del país, es productora de oro, de estaño, de uranio y de plata. En su geografía se extiende el lago Titicaca, contaminado por aguas servidas y por la explotación minera. Además, en la isla de Amantani se encuentran los centros ceremoniales que son el origen de la dualidad en la cosmovisión andina. Las protestas que se llevan a cabo en Puno, y en otras localidades alejadas de la centralidad limeña, tienen como protagonistas a campesinos e indígenas que hace tiempo ven postergados sus derechos básicos.

Ernesto Benavides/ AFP / Telam

Salidas a la crisis

Desde el retorno de las protestas se han producido otras 29 muertes, con denuncias que apuntan a una responsabilidad directa de la Policía y los militares por el uso excesivo de su fuerza. Así, suman en total 56 fallecidos por hechos vinculados a las protestas (55 civiles y un policía), además de 912 personas y 580 policías heridos, según la Defensoría del Pueblo.

Todas las muertes han ocurrido en regiones fuera de Lima, sobre todo el sur y donde habitan pueblos indígenas y campesinos que sufren una discriminación histórica por parte del Estado.

Cansados de esta situación, delegaciones de diversas regiones del país se organizaron para llegar a Lima y hacer sentir su voz de protesta en una marcha convocada para el 19 de enero. La jornada de ese día fue fue masiva, pero terminó con el incendio de un edificio en el Centro de Lima que testigos acusan fue provocado por la Policía para culpar a los manifestantes.

El 21 de enero la policía montó una intervención para desalojar a los ciudadanos de regiones que habían sido alojados en la reconocida Universidad San Marcos por los estudiantes. Esto último ha acrecentado aún más la indignación por escenas grabadas en las que se aprecia la prepotencia policial durante el operativo y las denuncias de abusos que hicieron los detenidos. La reacción inmediata a estos últimos acontecimientos ha sido la convocatoria a una marcha universitaria, impulsada por frentes estudiantiles de las universidades de Lima y Callao, para el 24 de enero.

El clamor popular exige la renuncia de la presidenta Boluarte, que llevaría a que el Presidente del Congreso asuma como Jefe de Estado y convoque de inmediato a elecciones generales. Por ello, también se pide la renovación de la Mesa Directiva actual del Congreso, presidida por un militar en retiro, para que se elija a una nueva figura que garantice una transición democrática.

Boluarte ya expresó que no renunciará, mientras que el Congreso, desoyendo el pedido en las calles, avanza en la aprobación de una reforma para adelantar las elecciones recién a abril de 2024. Los gobiernos regionales, por su parte, piden que se presente otra propuesta para adelantar las elecciones a diciembre de 2023, hecho que es posible según las autoridades electorales.

La salida a esta crisis, en todo caso, sigue en manos de la presidenta Boluarte y el Congreso. Por lo pronto, lo único garantizado son nuevas movilizaciones en Lima y regiones del Perú.