ATENTADO A CFK: ENCUBRIMIENTO Y DESPUÉS
Desde el momento mismo del atentado a la Vicepresidenta de la Nación se sabía que la justicia federal no investigaría más que lo mínimo indispensable. Si se tiene en cuenta que detrás de los sicarios materiales del atentado, como se sospechó desde un comienzo, se encuentran notables personajes de la derechista oposición política, las razones…
Desde el momento mismo del atentado a la Vicepresidenta de la Nación se sabía que la justicia federal no investigaría más que lo mínimo indispensable.
Si se tiene en cuenta que detrás de los sicarios materiales del atentado, como se sospechó desde un comienzo, se encuentran notables personajes de la derechista oposición política, las razones del encubrimiento aparecen como obvias.
Por Carlos Rozanski*
La Tecl@ Eñe
8 de mayo de 2023
Ivana Bohdziewicz, asesora de Gerardo Milman, declaró que con posterioridad al atentado contra CFK se procedió a “limpiar” su celular en oficinas de Patricia Bullrich.
Carlos Rozanski afirma que esta información es quizás el dato más trascendente para avanzar hacia “arriba” en la investigación y confirmar los nombres de algunos de quienes planificaron y financiaron el atentado.
Desde el momento mismo del atentado a la Vicepresidenta de la Nación se sabía que la justicia federal no investigaría más que lo mínimo indispensable.
Ese mínimo resultaron ser los tres “copitos” detenidos, Fernando Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte. Durante los ocho meses transcurridos se confirmó la premonición.
El obstáculo generado a partir de la investigación sobre la organización “Revolución Federal”, fue superado manteniendo separadas las causas.
Así, la “pérdida” de los datos del celular de quien portaba el arma del hecho y la fuerte oposición a la unificación de los expedientes de parte de la Jueza Federal y el fiscal actuante, son una muestra que no por burda deja de ser elocuente.
Se suma a la secuencia, la negativa a investigar la actividad de la vecina del piso de arriba de CFK, Ximena de Tezanos Pinto, quien facilitó su inmueble para tomar imágenes aéreas del lugar donde se intentaría el magnicidio.
Cabe recordar que la nombrada alojaba (alquilándole una habitación) a la abogada de integrantes de Revolución Federal.
En situación de normalidad jurídica, esas y otras ilegalidades hubieran motivado el apartamiento de jueza y fiscal y la consiguiente investigación sobre su conducta.
Pero en el estado actual del funcionamiento judicial, estamos muy lejos de ello. Baste reparar en que el panorama incluye a los cuatro miembros de la Suprema Corte, fuertemente sospechados e investigados por el Congreso de la Nación, así como a jueces y fiscales federales involucrados en operaciones de espionaje, persecución política, incriminación y hasta condena de inocentes.
Si se tiene en cuenta que detrás de los sicarios materiales del atentado, como se sospechó desde un comienzo, se encuentran notables personajes de la derechista oposición política, las razones del encubrimiento aparecen como obvias.
Máxime si se tiene en cuenta que esos personajes están asociados, a su vez, a las corporaciones multinacionales que facilitaron la fuga de los capitales obtenidos durante el saqueo en la gestión de Mauricio Macri.
En las últimas horas se conoció un hecho de enorme impacto en el país, protagonizado por una joven, Ivana Bohdziewicz, y que puede significar un antes y un después en el escenario politico y judicial de la Argentina.
Repacemos los hechos previos a la decisión de la nombrada Ivana. Como es de público conocimiento, el intento de magnicidio a CFK fue anunciado dos días antes por Gerardo Milman, jefe de campaña de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y diputado nacional.
En una reunión en el bar Casablanca, el diputado relató a sus dos secretarias, textualmente: “cuando la maten voy a estar camino a la costa” (SIC).
A raíz de haber sido escuchada esa conversación por un testigo, ambas asesoras fueron citadas a testimoniar al juzgado de la Dra. Capucetti. Inicialmente negaron su presencia en el lugar señalado, aunque luego, ante la exhibición de pruebas contundentes, aceptaron la existencia de la reunión.
Ni jueza ni fiscal requirieron los celulares de las declarantes, dándole un tiempo esencial (dos meses) para borrar los rastros de la planificación del atentado.
Por investigación periodística de Irina Hauser en Página/12, se supo hace pocas horas que una de esas secretarias, Ivana Bohdziewicz, se quebró y con insistencia pidió declarar en la fiscalía del Dr. Carlos Alberto Rivolo.
La fiscala Alejandra Mangano (el fiscal está de “licencia”) finalmente escuchó a la asesora de Milman, quien efectuó una de las revelaciones más importantes producidas desde el hecho criminal investigado.
Señaló que con posterioridad al atentado, fue citada junto a su compañera Carolina Gómez Mónaco a las oficinas de Patricia Bullrich.
Allí las esperaba el diputado Milman y un experto informático que procedió durante 4 horas a “limpiar” los celulares de la nombrada Gómez Mónaco, la testigo Bohdziewicz y el propio Gerardo Milman.
Esa información brindada por la testigo es quizás el dato más trascendente para avanzar hacia “arriba” en la investigación y confirmar los nombres de algunos de quienes planificaron y financiaron el atentado.
Avance, como se dijo, imposible -por el momento-, dada la referida emergencia judicial que atraviesa el país.
De mantenerse este escenario, ningún resultado auspicioso se obtendrá.
Tampoco es posible esperar el avance del juicio político a los miembros de la Corte, en trámite en la cámara de diputados, ya que los legisladores opositores anticiparon públicamente su sabotaje al proceso.
Hay que tener en cuenta que lo que está en juego es la propia estabilidad democrática, alterada seriamente ese 1° de septiembre a las 20,52 hs., y con ella, el futuro de millones de ciudadanos.
No podemos obviar que la alianza opositora al actual gobierno tiene entre sus principales filas, nombres comprometidos con la planificación del atentado y su encubrimiento.
Y como surge, igualmente claro, cuentan con la complicidad del sector más poderoso y reaccionario del poder judicial, identificado ideológica y políticamente con esa alianza.
Hoy la responsabilidad de intervenir está en manos del propio presidente de la Nación, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, así como de ambas cámaras del Congreso.
La Constitución Nacional y la legislación general, prevén herramientas apropiadas para situaciones como la descripta.
En ese sentido, se impone comenzar en lo inmediato por brindar protección y contención integral a quien tomó la encomiable decisión ciudadana de presentarse ante la justicia, y hacer conocer una verdad durísima pero imprescindible para combatir la impunidad.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2023.
*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.
