Amnistía Internacional denunció al Estado peruano por uso ‘ilegítimo de armas letales’

Desde diciembre, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú.

Un informe publicado este jueves por la ONG Amnistía Internacional denunció al Gobierno de Perú por el uso «ilegítimo de armas letales» de forma «indiscriminada, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión» de las protestas que comenzaron el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución del presidente Pedro Castillo y en reclamo de la renuncia de la actual mandataria Dina Boluarte y de todo el Congreso, así como del adelanto de las elecciones.

Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones de Perú «el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas», indicó el informe de AI.

La investigación se llevó a cabo en las regiones de Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, donde la ONG recibió información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego.

️🇵🇪 #Perú
Hoy presentamos los resultados iniciales de la investigación sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas que iniciaron en diciembre pasado.

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— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) February 16, 2023

Asimismo, la organización recibió información sobre graves falencias en la investigación de violaciones de derechos humanos y la impartición de justicia.

“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de rutas y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos,” expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

AI informó que realizó su análisis tomando datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.

Las protestas contra el gobierno de Boluarte

Las primeras expresiones del malestar social de diciembre surgieron en varias de las regiones más marginadas de Perú, como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuya población, mayoritariamente indígena, fue objeto de discriminación y de desigualdad en su acceso a la participación política, así como históricamente postergada en los accesos básicos de derechos como salud, vivienda y educación.

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Hoy presentamos los resultados iniciales de la investigación sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas que iniciaron en diciembre pasado.

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Las protestas pronto se extendieron a la capital, Lima, y a otras partes del país.

La investigación registró que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcionada en regiones con población mayoritariamente indígenas (el 80%), pese a que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones, como por ejemplo Lima.

Según el informe de la ONG, esta «evidencia apunta a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas».

En Juliaca, en el departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población indígena, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero en el contexto de la represión policial.

La propia Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego.

A inicios de este mes, el gobierno decretó un Estado de Emergencia en siete regiones. Puno es la única región que quedó bajo control militar.

Los resultados de la investigación

Pese a que las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, la investigación indica que «la Policía y el Ejército dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios», desoyendo normas internacionales de derechos humanos que prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas.

AI documentó hasta el momento 12 casos de personas que «recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría ser indicativo, en algunos casos, de un uso intencional de la fuerza letal».

Además, desde el inicio de la crisis se registraron más de 1200 heridos en las protestas y 580 policías lesionados, según datos del Ministerio de Salud.

El informe también identificó numerosas lesiones por impacto de perdigones, una munición que «no es apta en absoluto para el control de manifestaciones», señala.

AI destacó que a casi dos meses de los hechos todavía no se desarrollaron diligencias claves para las investigaciones, como ciertos peritajes o la recolección de testimonios.

Y agregó que «en algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo que socavaría la posibilidad de que las investigaciones resulten auténticamente imparciales y exhaustivas».

Asimismo, la ONG alertó que «las autoridades han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan, afirmando sin pruebas» sobre una supuesta vinculación con «el terrorismo” y con grupos criminales».

AI advirtió también que las autoridades «han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional», al documentar «varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión».

Fuente Telám